El umbral cubano: transición democrática o riesgo acumulado

El futuro político de Cuba suele reducirse a cuatro posibilidades: negociación, colapso del régimen, intervención militar y continuidad. Las dos últimas delimitan el rango más que agotarlo: el desplome económico por sí solo rara vez derriba de golpe a un Estado de seguridad —como ilustra la crisis venezolana—, y la intervención militar acarrea costos y precedentes que Washington ha evitado desde 1962. Los dos escenarios que merecen atención sostenida son, por tanto, una transición negociada hacia una democracia de mercado alineada con Occidente, y un statu quo no gestionado cuyo costo, según las tendencias actuales, se acumula en lugar de mantenerse estable.

Tres presiones ya son visibles en la isla. El derrumbe económico procede en buena medida de Venezuela: los envíos de petróleo subsidiado cayeron de 100 000 barriles diarios en su punto máximo (entre 2008 y 2012) a una fracción de esa cifra hacia 2016 y, pese al auge turístico que siguió al deshielo con Estados Unidos de 2014-2016, el producto interno bruto cubano se contrajo ese año por primera vez en más de dos décadas: prueba de que el subsidio externo pesaba más que la ganancia turística. La legitimidad se ha adelgazado por relevo generacional: Díaz-Canel gobierna sin la autoridad histórica que amparó a Fidel y a Raúl Castro, una brecha que quedó expuesta en las protestas del 11 de julio de 2021, las mayores en seis décadas. Y las sanciones estadounidenses se han endurecido desde 2017, hasta culminar en la activación en 2019 del Título III de la Ley Helms-Burton. Nada de eso vuelve automática la transición, pero en conjunto las presiones estrechan el margen del régimen para esperar a que la crisis pase sola.

I. El expediente documentado

Al margen de las presiones internas, Estados Unidos ha asumido costos directos: una penetración de inteligencia sostenida durante décadas (Ana Belén Montes, Víctor Manuel Rocha, la Red Avispa); una proyección de fuerza más allá de las fronteras cubanas, desde los despliegues históricos en Angola y Granada hasta una presencia sostenida de los servicios de seguridad en Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia —confirmada de nuevo cuando las operaciones estadounidenses en Venezuela en enero de 2026 identificaron a personal militar y del ministerio del interior cubanos insertado en estructuras venezolanas—; un papel documentado en el tránsito de narcóticos hacia territorio estadounidense; y un aparato de exportación ideológica que va de las misiones médicas estatales a un esfuerzo cultural de poder blando en el exterior que ha lavado la imagen del régimen con más eficacia que la diplomacia.

II. Escenario uno: transición negociada

El precedente polaco de 1989 ofrece el caso transferible más claro, no como plantilla de exportación sino como conjunto de principios probados. El compromiso externo funciona solo cuando amplía la capacidad de los actores domésticos para decidir su futuro, no cuando sustituye el criterio de estos por el juicio extranjero. Tres mecanismos son trasladables a Cuba: canales abiertos entre la isla y su diáspora sin que ninguna de las dos partes dicte los términos de la otra; el reconocimiento de los disidentes, periodistas y defensores de derechos humanos que han pagado el precio más alto del cierre político —varios de ellos distinguidos con premios internacionales de derechos humanos—, junto con la previsión del retorno de los exiliados como protagonistas y no como un colectivo del que otros hablan en su nombre; y la aceptación de que una transición viable será negociada y se cerrará mediante un pacto, no mediante la desaparición del régimen.

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La Mesa Redonda polaca de 1989 fijó el marco, pero el curso real de la transición fue improvisado, no guionado. Vale la pena detallar la secuencia, porque suele contarse como si hubiera sido un plan. La Mesa Redonda fue una negociación entre el Gobierno comunista y la oposición agrupada en Solidaridad —el sindicato ilegalizado ocho años antes—; de ella salió un pacto de elecciones parcialmente libres, con la mayoría de los escaños del Parlamento reservados de antemano al partido y a sus aliados.

El general Wojciech Jaruzelski, quien había impuesto la ley marcial en 1981 y aplastado a Solidaridad, fue elegido presidente por un solo voto de diferencia en ese Parlamento semilibre. Sin embargo, la autoridad ejecutiva real pasó pocos meses después a Tadeusz Mazowiecki, intelectual católico y asesor de Solidaridad, como primer ministro: «su presidente, nuestro primer ministro», en la fórmula de Adam Michnik. Ocurrió porque Solidaridad, sin consultar a los comunistas, armó una coalición con los partidos campesino y democrático —satélites formales del régimen durante cuatro décadas— después de que su victoria arrolladora en las elecciones de junio empujara a esos socios a desertar. Jaruzelski renunció antes de un año y lo sucedió Lech Wałęsa tras elecciones plenamente libres.

La lección está menos en el arreglo concreto que en su carácter improvisado: las transiciones avanzan mediante situaciones dinámicas y jugadas creativas difíciles de prever, de modo que la planificación de escenarios debe mantenerse provisional en lugar de dar por supuesta una secuencia única. Aun así, antiguos funcionarios comunistas de Europa Central y Oriental regresaron a la vida pública, y varios volvieron a gobernar como socialdemócratas durante los años noventa y los 2000. Una transición cubana seguiría de forma realista una aritmética parecida: ofrecer al sector más pragmático del aparato militar y de seguridad una cuota de participación, transitoria y acotada en el tiempo antes que permanente, reconociendo a la vez que la secuencia real la definirán movimientos que hoy ninguna de las partes anticipa.

Tres cautelas acotan esa lógica. Primero, se aplica a la inclusión negociada de funcionarios pragmáticos, no a un escenario al estilo venezolano en el que se remueve únicamente a la figura cimera mientras el aparato de seguridad y desestabilización que está debajo sobrevive intacto; el papel desestabilizador de Cuba —modelo inspirador para movimientos autoritarios afines en el hemisferio— es institucional y no personal, y la decapitación sin desmontaje de ese aparato deja en pie los riesgos aquí documentados. Segundo, el compromiso sin condicionalidad ya fracasó: la apertura estadounidense de 2014-2016 produjo relaciones normalizadas pero ninguna reforma interna, y fue revertida en dos años a un costo insignificante para el régimen. Tercero, cualquier negociación debe sopesar la disposición del régimen a usar la emigración masiva como arma, acompañada de un mensaje antiestadounidense que culpa al embargo y no al modelo insular —como en el éxodo del Mariel de 1980 y la crisis de los balseros de 1994— y a su capacidad de amenazar con una ola migratoria de millones para resistir la reforma.

El papel de la diáspora cubana se entiende mejor como coautoría que como apoyo suministrado desde la distancia: un motor de la transición y del período de reformas que la siga, no solo su financista. Lo que hizo funcionar el compromiso externo en Polonia fue la coordinación sostenida: los actores domésticos conservaron la capacidad de negociar su arreglo mientras la diáspora y los socios internacionales aportaban recursos y plataformas. Una advertencia: en ausencia de una política exterior articulada desde dentro inmediatamente después de cualquier apertura, el vacío tiende a invitar a la captura por intereses externos —como ocurrió en Irak después de 2003 y en Libia después de 2011—.

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Para Washington, un compromiso de este tipo choca con la legislación vigente: la Ley Libertad de 1996, conocida como Helms-Burton, condiciona el reconocimiento de un Gobierno de transición a parámetros específicos; esto es: partidos políticos legalizados, prensa libre y presos políticos excarcelados, y en sus términos excluye a Fidel o a Raúl Castro de cualquier Gobierno que pueda calificar, aunque no a otros funcionarios actuales. Una estrategia creíble secuencia el alivio de sanciones contra parámetros verificados y no contra promesas, y prepara capacidad de contingencia migratoria en lugar de atenderla solo después del hecho. Manejado así, el rédito es concreto: el cierre de un canal de penetración de inteligencia, la eliminación de una plataforma situada a 90 millas de Florida y, para América Latina, la remoción del anclaje ideológico que ha sostenido a movimientos afines desde Nicaragua hasta Venezuela.

III. Escenario dos: el statu quo proyectado hacia adelante

La continuación no gestionada del arreglo actual no es una línea de base estable. El método fundacional del régimen —la ambigüedad deliberada sobre sus compromisos que se remonta a su alineamiento soviético encubierto en 1959— es un hábito de gobierno y no un episodio histórico, y es precisamente el perfil de un actor con probabilidad de adoptar temprano, y no con cautela, nuevos instrumentos de coerción.

Tres curvas de capacidad agravan el riesgo existente. En lo militar, a medida que la tecnología de misiles y drones se difunde y abarata, una plataforma insular valorada sobre todo por su inteligencia de señales gana relevancia progresiva como base adyacente a capacidad de ataque si La Habana profundiza la cooperación en seguridad con Moscú, Pekín o Teherán (lo que erosionaría el colchón de 90 millas que históricamente ha protegido a Florida). En inteligencia, el oficio que hizo posibles los casos Montes y Rocha resulta más barato de replicar y más difícil de detectar a medida que maduran las herramientas cibernéticas y de fuentes abiertas, lo que amplía el universo de objetivos de penetración más allá del puñado de casos documentados. En lo informativo, el aparato de propaganda ya documentado es barato de escalar mediante inteligencia artificial generativa y redes coordinadas no auténticas, lo que convierte una operación de influencia artesanal en una industrial, dirigida a democracias latinoamericanas más frágiles que en cualquier otro momento de la última generación.

IV. Implicaciones

La disyuntiva que enfrentan los formuladores de política estadounidenses y hemisféricos no es estabilidad frente a riesgo. Es una elección entre una ventana que se estrecha —en la que una transición gestionada y sujeta a parámetros convierte una relación adversarial en una asociación— y una brecha que se ensancha entre lo que una estrategia de contención calibrada para las condiciones de 1996 todavía puede contener y lo que el régimen, desplegando herramientas del siglo XXI, es cada vez más capaz de hacer. Para Estados Unidos lo que está en juego es estrictamente estratégico: seguridad de inteligencia y defensa de su periferia. Para América Latina lo que está en juego es más amplio: instituciones democráticas tensionadas por la desinformación, el populismo y el crimen organizado, a los que una Cuba sin reformar sigue contribuyendo de manera decidida.

Una versión anterior de este texto sirvió de base para una presentación en la conferencia de Florida International University, panel de escenarios de transición, el primero de septiembre de 2026.

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