La jueza federal Indira Talwani dictaminó el lunes 14 de abril de 2025 que la Administración de Donald Trump no podía revocar el estatus legal temporal a cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que llegaron a Estados Unidos bajo el programa parole humanitario.
Talwani había prometido el 10 de abril que emprendería acciones legales para frenar la deportación expedita de los beneficiarios de parole que no contaran con otro estatus legal en EE. UU.
La medida inicial de Trump se haría efectiva en diez días (24 de abril). Según la jueza, el Gobierno estadounidense no actuó dentro de los marcos de la legislación de ese país al ordenar la finalización repentina del plazo de dos años de estancia legal que ofrecía el programa de la Administración Biden a los migrantes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua.
Las protecciones deben estar en vigor hasta su vencimiento natural, argumentó Talwani. La jueza aclaró, además, que su orden impide poner fin de manera masiva a las protecciones sin antes revisar cada caso de forma individual.
El fallo representa un nuevo tropiezo legal para los intentos de Donald Trump de reformar a toda prisa el sistema migratorio, sobre todo de los programas y medidas implementados durante el Gobierno anterior.
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