Un reciente análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales evalúa algunos escenarios político-militares sobre cómo podría actuar Estados Unidos con respecto a Cuba.
Raudiel Peña Barrios
El régimen cubano ha adquirido más de 300 drones militares de origen ruso e iraní, cuyas capacidades y proveedores el texto analiza en detalle, desde los modelos Shahed y Mohajer hasta las colaboraciones con Bielorrusia, Vietnam y Argelia.
Para que Cuba transite hacia la democracia, el Derecho no puede constituir un instrumento de defensa del postotalitarismo, sino que debe convertirse en un escudo protector del ciudadano.
El Estado no es un regulador, sino un socio que vigila y compite a la vez. La duplicidad de funciones anula las bases de una competencia justa y condena al sector privado a una existencia subordinada. Sin la eliminación de esta facultad de absorción cualquier apertura es solo una táctica de supervivencia del postotalitarismo.
La defensa de la justicia y de la memoria histórica no admite medias verdades. Desde ese espíritu, los autores de este texto invitan a sus pares —en varios casos, antiguos maestros y colegas— a un diálogo serio sobre los derroteros del saber y el poder en el país que, supuestamente, aún nos preocupa.
La oportunidad para una transición negociada en Cuba será política, frágil y dependiente de costos reales para la élite autocrática. Aumentar esos costos no garantiza el cambio, pero no hacerlo garantiza la continuidad. Incluso las élites autocráticas que se creen eternas dependen, en última instancia, de que esa creencia se mantenga.
El Ministerio de Relaciones de Exteriores cubano (Minrex) aseguró que no existen «bases militares o de inteligencia extranjeras en el país». Sin embargo, algunos reportes de expertos y centros de investigación registran lo contrario.
Después del colapso soviético y de la crisis de los años noventa, en el siglo XXI las FAR han mostrado cierta recuperación de sus capacidades militares con base en dos aspectos fundamentales: la expansión y consolidación de su industria militar y la colaboración con nuevos aliados.
Durante 2024, la ANPP y el Consejo de Estado aprobaron diversas leyes y decretos leyes, respectivamente, que no expandieron la protección de los derechos humanos. Al contrario, reforzaron la capacidad del Estado para reprimir y controlar.
Mientras la alta oficialidad de las FAR controla lucrativos negocios civiles y militares, firma convenios de colaboración con sus aliados, eroga cuantiosas sumas de dinero en armas, infraestructura y equipos, la posibilidad de una invasión estadounidense es cada vez más remota.
No parece que las autoridades sean capaces de solucionar el motivo fundamental que favorece el abandono de los cargos locales del Poder Popular: la crisis estructural del régimen político.
La reforma constitucional fue más un reajuste institucional del régimen político que un proceso para proteger más y mejor los derechos humanos.
El principal problema para el aseguramiento de los derechos económicos, sociales y culturales en el contexto cubano es el continuo menoscabo de las garantías materiales.
Cuba, más que un Estado de derecho, es un Estado por derecho, en el que las disposiciones normativas y las instituciones se utilizan para legitimar la arbitrariedad y la discrecionalidad del régimen político.
Contar con la certificación de elector es un requisito necesario para participar políticamente; lo que no quiere decir que los mecanismos de participación política para los cuales es necesaria sean eficaces en el contexto cubano.