El régimen cubano continúa la escalada represiva contra quienes disienten de su política. Esta vez y por incontable ocasión la víctima es la familia Ruiz Urquiola, cuyo activismo convirtió su finca en Viñales en blanco constante de ataques. El más reciente: el decomiso ilegítimo de algunos animales.
Mediante una publicación en Facebook, la historiadora del arte y activista Omara Ruiz Urquiola denunció que, el 21 de febrero de 2025, funcionarios de la Delegación Municipal del Ministerio de la Agricultura (Minagri) irrumpieron en la finca y decomisaron dos de sus animales: una burrita y una vaca preñada llamada Rita. Los agentes alegaron que los trasladarían a una granja estatal para «cuidarlos», pero la familia Ruiz Urquiola sabe que se trata de un pretexto.
La tierra que comprende la finca de los Ruiz Urquiola es propiedad estatal, pero le fue entregada en usufructo a Ariel Ruiz Urquiola hace varios años. Después del destierro de ambos hermanos, su madre ha mantenido los predios produciendo y los animales en condiciones óptimas.
En conversación con elTOQUE, Omara explicó que desde hace meses percibía señales de que las autoridades preparaban la acción. «Sabía que estaban planificando la expropiación forzosa desde que empezaron a llegarme mensajes de Meta sobre la limitación de alcance de la página Biogranja El Infierno de Viñales y de la cancelación de la página Libertad para Ariel. El lado oscuro de Viñales. Esta última se abrió cuando mi hermano fue encarcelado en 2018 por desacato, después de la irrupción arbitraria de miembros del Cuerpo de Guardabosques en la finca», contó.
La activista recordó que las presiones sobre ellos no son nuevas y aseguró que desde que le otorgaron el usufructo a su hermano Ariel el régimen ha intentado arrebatárselo. El encarcelamiento del biólogo y ambientalista —condenado a un año de prisión— «fue un recurso fallido para lograrlo», dijo Omara. Ariel cumplió dos meses de su condena recluido y el resto transcurrió bajo una «inventada» licencia extrapenal que utilizaron para justificar su excarcelación. Actualmente, está exiliado en Suiza.
«Ahora proceden argumentando que el usufructuario no ha renovado el contrato. ¿Cómo va a hacerlo si no le permiten entrar al país? La ley establece que solo puede ser él», denunció Omara.
La madre de los hermanos Ruiz Urquiola, Isabel, de 78 años, estaba sola en la finca cuando llegaron los funcionarios. Entre ellos, identificó a Juan Carlos Fleitas Reyes (jefe del registro pecuario), Bety González Pérez (especialista pecuaria) y Pedro Arteaga Hernández (comprador), quienes estaban acompañados por dos monteros. Según el testimonio de Isabel, Fleitas Reyes intentó justificar la confiscación diciendo: «Si no hago esto, pierdo el trabajo». Sin embargo, la amenaza no se limitó a la expropiación de los animales. «Nos dijeron que volverán», contó Omara al medio ADN Cuba.
La ofensiva del régimen se enmarca en una estrategia mayor para despojar a la madre de los Ruiz Urquiola de su principal fuente de sustento. En noviembre de 2023, el Minagri emitió la Resolución 174/24, que ordena el desalojo de la finca que poseían en usufructo desde 2016.
Según el documento, Ariel Ruiz Urquiola había incumplido el contrato al no prorrogar el usufructo en el plazo requerido y al estar ausente por más de seis meses. Lo que no menciona la resolución es que Ariel no puede regresar a Cuba porque el Gobierno se lo impide. Omara, su hermana, es quien posee un poder notarial sobre la vivienda y el ganado. Sin embargo, Omara tampoco ha podido regresar a Cuba tras negativas arbitrarias del régimen cubano.
La legislación de la isla en materia de usufructo establece que la ausencia prolongada del beneficiario puede derivar en la extinción del contrato. Sin embargo, en este caso, el Estado impide el regreso de Ariel Ruiz Urquiola y luego usa su ausencia de pretexto para arrebatarle sus derechos. Asimismo, establece que el usufructo es intransferible. No obstante, no hay un mecanismo que impida a las autoridades cancelar el usufructo existente y conceder un nuevo derecho de uso a Isabel quien, a pesar de su edad, se ha mantenido ocupando los predios, haciéndolos producir y cuidando sus animales.
Lo que ha sucedido, como tantas otras veces con los Ruiz Urquiola y con miles de cubanos, no está justificado en la ley, sino en la necesidad irresoluta del régimen cubano de castigar a quienes disienten de sus políticas y se atreven a expresarlo y vivir en consecuencia.
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