El juicio contra la intelectual cubana Alina Bárbara López Hernández tuvo lugar el 28 de noviembre de 2023, luego de que fuera retrasado 12 días. Las autoridades políticas la habían acusado de un delito de desobediencia y el Tribunal Municipal de Matanzas la declaró culpable. Se le aplicó una sanción de 250 cuotas de 30 CUP cada una, que deberá pagar como condición para que se le retiren las limitaciones de movilidad y la prohibición de salida del país, de acuerdo con un comunicado de CubaxCuba.
La sanción era esperada dadas las motivaciones políticas del juicio y la falta de independencia judicial en la isla.
Según publicó López Hernández en Facebook luego de regresar a su domicilio, es su intención apelar la decisión del Tribunal. Se mostró, además, preocupada por las violaciones y detenciones contra quienes intentaron asistir al juicio.
Desde el día anterior y durante la mañana del 28 de noviembre, los Órganos de la Seguridad del Estado han interceptado, detenido e impedido por diversas vías que varios ciudadanos pudieran llegar tanto a Matanzas como al lugar en el que se celebraba el juicio. Las arbitrariedades han sido denunciadas en redes sociales, espacio que también ha servido para manifestar apoyo, solidaridad y fuerza a la intelectual cubana.
CubaxCuba también denunció que en el Tribunal «fueron detenidos con violencia Mario Ginés e Ilonka Amuchástegui, [quienes] pretendían asistir al acto judicial (…). Asimismo, una persona de la tercera edad de identidad aún desconocida fue sacada de la sala del juicio, dentro de la cual solo permanecieron familiares de la profesora y agentes de la Seguridad del Estado».
La Dra. Alina Bárbara López Hernández comenzó a ser visible y protagonista activa de la sociedad civil cubana (independiente) a partir de su trabajo en La Joven Cuba. Sus análisis históricos, políticos y socioeconómicos, así como los señalamientos de la responsabilidad gubernamental por la deriva del país, la convirtieron en una persona incómoda para los aparatos de la Seguridad del Estado.
El 6 de abril de 2023, Alina Bárbara sale al Parque de la Libertad de Matanzas a protestar pacíficamente por la detención arbitraria del intelectual y periodista Jorge Fernández Era. Con este hecho, inicia tanto su presencia en espacios públicos en señal de desacuerdo como una ola creciente de abusos, privación de movimiento y libertad, acoso e interrogatorios por parte de la Policía política cubana.
Con el cuerpo y las ideas como armas, Alina Bárbara se ha plantado —luego del 6 de abril— durante una hora, el 18 de cada mes, en el parque central de su ciudad natal para reclamar el cese de la represión, la mejora de las condiciones de vida de los ancianos y la convocatoria a una asamblea constituyente y una nueva Constitución que incluya la variedad política y de pensamiento de la nación cubana. Se personó, además, en distintas instituciones estatales mientras portaba una hoja en blanco sobre su pecho.
Su enfrentamiento con los poderes gubernamentales también ha sido en forma de activismo legal, pues Alina Bárbara ha ejercido y exigido el respeto a las normativas y procederes jurídicos. Así lo hizo al presentar en la Fiscalía Provincial de Matanza una formal queja y acción de nulidad contra las citaciones de la Seguridad del Estado.
Contra López Hernández se han desplegado varias campañas de descrédito y hostigamiento en espacios virtuales, la han citado ilegalmente, la han detenido de manera arbitraria y le han impuesto una regulación que impide su salida de Cuba.
La solidaridad en redes sociales y en contra del juicio político de Alina Bárbara ha sido amplia. El hostigamiento contra quienes la apoyan y pretendían acompañarla desde el interior de la isla ha sido también arbitrario.
El principal objetivo del juicio contra Alina Bárbara López era demostrar que, en el contexto cubano actual, los órganos de represión no están dispuestos a tolerar que se desobedezcan sus citaciones e «interrogatorios».
La condena a López Hernández demuestra que la «legalidad socialista» tiene la capacidad de expandirse, reinterpretarse u obviarse en la medida que es puesta a prueba por los actores de la sociedad civil que la retan y la utilizan. La condena persigue, además, estampar en blanco y negro la facultad que tiene el Ministerio del Interior para —sin importar lo que diga la Constitución— citar, amedrentar y «advertir» a los ciudadanos que califica de «disidentes».
Para ejercitar esa facultad, el Gobierno cubano no necesitaba hacer movimiento judicial o legislativo alguno. Pero, en el caso de López Hernández (y debido a fallos involuntarios) optaron por construir una justificación «legal» que sirviera de precedente y advertencia pública. Precedente y advertencia que también permite continuar la reproducción de la falacia de que en Cuba no existen presos políticos.
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