Este jueves 25 de agosto de 2022, autoridades del Ministerio del Interior impidieron a seis jóvenes periodistas de elTOQUE abordar el vuelo AR1327, de Aerolíneas Argentinas, con destino a Buenos Aires, en el Aeropuerto Internacional José Martí, de La Habana.
Nuestros colegas iban a participar en el Media Party, la conferencia de innovación en medios más importante de América Latina. Durante tres días, entre el 25 y el 28 de agosto, referentes de grandes empresas globales, del ecosistema regional de medios y periodistas, emprendedores y desarrolladores de software de las comunidades locales, se reúnen en la capital argentina para trabajar juntos por el futuro de los medios.
Lo que constituiría una oportunidad inigualable de superación y conocimiento para ellos, los oficiales de la Seguridad del Estado —escudados tras funcionarios de Emigración— lo convirtieron en un atentado a la libertad y los derechos de los jóvenes colegas.
Sin explicaciones y bajo la discrecionalidad que permite la legislación cubana, nuestros colegas han sido «limitados», y pasan a engrosar la larga lista de quienes sufren la vulneración de sus derechos más elementales por razones políticas. Bajo supuestos tan genéricos, como espurios e inmorales, léase «razones de Defensa, Seguridad Nacional e interés público», hoy nuestros colegas, como antes otros periodistas independientes, activistas y ciudadanos pagan con la limitación de su libertad de movimiento el costo de pretender ejercer sus derechos y su profesión.
El largo brazo de la represión trata de quebrarlos por la sencilla razón de querer ejercer el periodismo libre en una dictadura.
Ha sido una práctica arbitraria y recurrente del régimen cubano impedir la participación en eventos en el extranjero o la salida del país con fines personales a activistas políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y otros actores de la sociedad civil que le resulten incómodos.
Una investigación de la plataforma periodística Connectas reveló que «245 residentes en Cuba fueron o siguen regulados desde enero de 2019 hasta el 22 de marzo de 2020 por motivos políticos».
El informe de 2021 sobre Cuba de la organización Human Rights Watch denuncia cómo el Gobierno cubano ha utilizado las restricciones de la posibilidad de viajar como una forma de represión y castigo a cualquier forma de disenso y crítica pública.
«Las reformas [migratorias de 2013] otorgaron al Gobierno amplias facultades discrecionales para restringir el derecho a viajar por motivos de “Defensa y Seguridad Nacional” u “otras razones de interés público”. Las autoridades han seguido negando selectivamente la salida a personas que expresan críticas al Gobierno», señala el informe. Casi 10 años después, y como lo demuestra la sanción a nuestros colegas hoy, esa realidad no ha cambiado.
Por motivos de seguridad, hemos decidido no revelar las identidades de los seis periodistas que han sufrido esta flagrante violación de sus derechos. Desde días anteriores han sido sometidos a interrogatorios y chantajes y preferimos seguir protegiéndoles en la medida de nuestras posibilidades. Pero con esta denuncia queremos pedir a colegas, organizaciones internacionales y personas solidarias que nos ayuden a difundir una nueva evidencia del carácter represivo del Gobierno que controla los destinos de Cuba.
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