Luego de que el juicio contra el exministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, transcurriera a puertas cerradas y sin notificación oficial alguna del proceso, en la tarde noche del 8 de diciembre de 2025, el Tribunal Supremo Popular (TSP) publicó cuáles fueron las sentencias dictadas en correspondencia con las dos vistas orales del mes anterior.
Como resultado del primer juicio, el Tribunal declaró a Gil Fernández responsable «de los delitos de espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación; así como de cohecho, sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial y violación de los sellos oficiales e infracción de las normas de protección de documentos clasificados, estos últimos de carácter continuado». Como resultado, se le «impuso la sanción conjunta» de «privación perpetua de libertad».
En el segundo proceso, el exministro fue hallado «responsable de los delitos de cohecho de carácter continuado como medio a fin para cometer falsificación de documentos públicos; así como tráfico de influencias y evasión fiscal, ambos de carácter continuado». El Tribunal estableció una «sanción conjunta de 20 años de privación de libertad».
Según la nota del organismo, en ambos expedientes se determinaron, además, sanciones accesorias que incluyen confiscación de bienes, prohibición de ejercer funciones vinculadas a la administración o disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros, y privación de derechos públicos, entre otras medidas.
El Tribunal comunicó que tanto el acusado como la Fiscalía disponen de un plazo de diez días para interponer los recursos correspondientes. En el caso de la privación perpetua de libertad, aun si la sentencia no fuese impugnada, el TSP tramitará de oficio el recurso de apelación. Una vez resueltos los recursos y, de ratificarse la responsabilidad penal, se formará una sanción conjunta y única entre las penas impuestas.
Alejandro Gil Fernández fue durante años uno de los hombres de mayor confianza del gobernante Miguel Díaz-Canel y uno de los rostros visibles de las fallidas políticas económicas del régimen cubano entre 2018 y 2024, sobre todo de la llamada «Tarea Ordenamiento» (2021). El nombre de Alejandro Gil pasará a formar parte de los defenestrados con poder en la cúpula del régimen de La Habana.
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